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El gremio que los nuclea resolvió anoche -de manera sorpresiva- endurecer el plan de lucha, al conocer que el TSJ no incluyó en la liquidación salarial la aplicación de la cláusula ya acordada para equipararse al fuero federal. Ayer, hubo una masiva movilización a Tribunales I
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) dispuso paralizar sus actividades por 24 horas hoy viernes, en un giro sorpresivo en el plan de lucha que originalmente no contemplaba esta medida, al menos hasta el martes próximo cuando la asamblea extraordinaria resolviera la continuidad de las acciones.
La decisión se dispuso en la tarde noche de ayer, luego de que el gremio denunciara que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) incumplió con el acuerdo de equiparación salarial, uno de cuyos tramos debía liquidarse con los haberes de julio que estarán acreditados el martes próximo.
En paralelo, señalaron que “no nos amenazan con vallas ni con acordadas” y finalizaron desafiando a que “no nos disciplinan con descuentos”.
En ese contexto, el gremio resolvió que la medida prevista para hoy y que incluía asambleas, ahora será directamente un paro por 24 horas, sin asistencia ni marcación a los lugares de trabajo.
En tanto, el lunes habrá una nueva movilización a Tribunales I además de asambleas de dos horas por turno.
Finalmente, el martes se concretará una asamblea general extraordinaria para definir la continuidad del plan de lucha.
La medida viene precedida por una masiva movilización concretada ayer frente a Tribunales I. En tanto, por la tarde noche, el gremio emitió un comunicado en el que decidió un paro para este viernes.
Fuentes sindicales indicaron a Comercio y Justicia que la medida obedeció en parte a que se anoticiaron de que, en la liquidación de los sueldos de julio, no cobrarían el tramo de equiparación salarial con el fuero federal, oportunamente acordado.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aseguraron que esa cláusula se iba a pagar por planilla complementaria en los próximos días.
“El conflicto está desmadrado y es difícil acordar en este contexto”, indicaron fuentes del TSJ.
Con todo, Comercio y Justicia pudo saber que una nueva propuesta salarial se concretará recién luego de que los empleados cobren sus salarios en los que se reflejarán al menos los descuentos de tres o cuatro días de paro sobre un total de más de 20 desde que se inició el conflicto.
Por lo demás, la posibilidad de una conciliación obligatoria y luego de un laudo ministerial no sería una herramienta que asegure finalizar el conflicto, toda vez que hay jurisprudencia contraria a esa alternativa, más allá que hace décadas atrás se utilizó.
Marcha
Mientras tanto, ayer se concretó una masiva movilización convocada por el gremio pero de la que también participaron magistrados y funcionarios autoconvocados.
Durante la jornada de este jueves, más de 1.100 personas provenientes de las distintas sedes judiciales de la Capital se movilizaron de manera conjunta hacia el edificio del Palacio de Justicia I.
El avance de los manifestantes se produjo bajo un estricto dispositivo de seguridad que incluyó el vallado preventivo del Salón de los Pasos Perdidos y un ostensible despliegue policial en los accesos.
Pese a las restricciones de ingreso, la columna rodeó las instalaciones del palacio para luego concentrarse sobre la vía pública, donde se improvisó un acto central que contó con la oratoria de referentes del sector, entre ellos Federico Cortelletti y el vocal de cámara Adrián Simes, concluyendo con la entonación del Himno Nacional Argentino antes de la desconcentración.
Unidad
La escena reflejó el elemento más relevante de la coyuntura: la confluencia inédita entre el gremio que agrupa a los empleados judiciales (AGEPJ) y el colectivo de magistrados y funcionarios, aunque no de la Asociación de Magistrados y Funcionarios.
Esta unidad de acción responde a un impacto común derivado de la situación económica provincial y, fundamentalmente, de los efectos de la ley de equidad jubilatoria.
Según la visión de la conducción sindical, esta normativa alteró las condiciones salariales de todo el personal: para los empleados desbarató el primer tramo de recomposición salarial obtenido el año pasado mediante incrementos en los aportes, mientras que para la magistratura significó el incumplimiento sistemático de la ley de equiparación.
En el centro del reclamo formulado por la magistratura y la función judicial se encuentra la exigencia de cumplimiento efectivo de la ley de equiparación salarial con la Justicia Federal, una normativa que viene sufriendo severos incumplimientos desde el año 2023.
En diálogo exclusivo con Comercio y Justicia, Adrián Simes, vocal de cámara al frente de las gestiones del sector y parte de los denominados autoconvocados, precisó que, según los datos informados por el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el nivel de equiparación actual se sitúa sensiblemente por debajo del piso legal establecido.
De acuerdo con la información brindada por el TSJ a los reclamantes, mientras la normativa fija que los haberes de los jueces y funcionarios cordobeses deben equipararse al 90% de lo que perciben sus pares del fuero federal, la brecha real ubica hoy esa relación apenas en un 77%.
Esta diferencia salarial del 13% representa el eje central de las presentaciones realizadas ante las autoridades judiciales y provinciales.
Para canalizar formalmente esta exigencia, magistrados y funcionarios presentaron en un primer momento 950 notas firmadas ante el Tribunal Superior de Justicia solicitando aclaraciones precisas sobre si se estaba cumpliendo o no con la legislación vigente.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, la acción se profundizó en el mes de junio con la presentación formal de más de 1.100 reclamos administrativos individuales firmados por integrantes de la magistratura y la función judicial, los cuales se encuentran actualmente en curso a la espera de resolución dentro de los plazos legales correspondientes.
A pesar de los incumplimientos acumulados desde 2023 y de la brecha existente, la postura expresada por Simes remarca una vocación de negociación gradual que atienda la situación económica de la provincia.
Propuesta
La propuesta concreta elevada a las autoridades consiste en acordar un cronograma progresivo que permita alcanzar el porcentaje del 90% de equiparación salarial de manera escalonada de aquí a fin de año, sumándose a las pautas de recomposición que vaya disponiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la demanda de los magistrados y funcionarios provinciales abarca también otras asimetrías estructurales respecto a la Justicia Federal.
Entre ellas se destaca la cuestión del tope a la antigüedad.
En la Justicia ordinaria de Córdoba rige un límite máximo de 30 años para el reconocimiento de la antigüedad en el haber, una restricción que no existe en el fuero federal y que genera diferencias salariales considerables en las carreras judiciales de mayor trayectoria.
En la provincia de Córdoba, la jornada laboral excede en promedio en tres horas diarias a la que se cumple en los tribunales federales.
Al realizar el cálculo del valor hora efectivo, los funcionarios provinciales perciben aproximadamente un 60% de lo que cobra un funcionario de la Justicia Federal en similar categoría, lo que acentúa el desfasaje salarial entre ambas jurisdicciones.
Ley de movilidad jubilatoria
El escenario se vio agravado por el esquema de aportes previsionales y asistenciales vigentes.
La combinación de los aportes destinados a la Caja de Jubilaciones de la Provincia y a la obra social Apross alcanza un 32,5% sobre los haberes del sector. Desde la perspectiva de los magistrados y funcionarios, este nivel de retención resulta elevado en comparación con otros sectores estatales y terminó profundizando el problema al ampliar la diferencia real de equiparación salarial.
Las gestiones institucionales llevadas a cabo por el sector incluyeron reuniones directas con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y con el ministro de Justicia de la Provincia, Julián López.
Descuentos
Si bien en las liquidaciones originales se contemplaba una quita masiva de 10 días de sueldo, los contactos de última hora permitieron morigerar esa medida.
Con el propósito de no avivar el conflicto, se acordó acotar los descuentos a un máximo de tres o cuatro días, aplicando además un criterio de dosificación escalonada en el tiempo.
Intervención
Ante el agravamiento de la parálisis judicial, la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado oficial titulado “Llamado institucional a la preservación del servicio de justicia y al diálogo sustained”, firmado por su presidente, Carlos Gabriel Izquierdo.
La institución previsional expresó su profunda preocupación por las consecuencias que la prolongación de la contienda laboral genera en el acceso efectivo a la justicia y en el derecho de la ciudadanía a obtener respuestas oportunas.
Asimismo, advirtió que la disminución de la actividad afecta directamente el ejercicio profesional de abogados y procuradores en su rol indispensable para la defensa de los derechos de la ciudadanía.
El pronunciamiento hace hincapié en el impacto negativo que esta situación ocasiona en la función previsional de la entidad.
La paralización de trámites reduce los recursos vinculados a la actividad profesional que sostienen el sistema previsional, poniendo en riesgo la recaudación destinada al pago de los beneficios de jubilados y pensionados.
Reconociendo la complejidad de los temas en juego y las legítimas preocupaciones de las partes, la Caja formuló un respetuoso llamado a quienes tienen capacidad de decisión para extremar los esfuerzos orientados a canalizar las diferencias mediante el diálogo sostenido, la negociación responsable y la cooperación institucional.
Al mismo tiempo, consideró esencial adoptar recaudos para preservar la continuidad del servicio en asuntos urgentes y en favor de personas en situación de vulnerabilidad, ratificando su disposición a colaborar en la construcción de una solución consensuada, razonable y sostenible.
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